Denuncian atentado contra derechos territoriales de pueblos indígenas en Perú

Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas exigió revisar y derogar las disposiciones de la Ley 30230 que atentan contra los derechos de posesión y propiedad de las comunidades y pueblos originarios “sin esperar que acudamos al Tribunal Constitucional o a las instancias internacionales para corregir este despropósito legal.”

 Con el pretexto de promover la inversión la norma desnaturaliza el propósito del saneamiento y en lugar de reconocer la titularidad de un predio privilegia otorgar la titularidad de dominio a favor de intereses empresariales por encima de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

La norma amplía el área de afectación a favor del interés inversionista y deja a discrecionalidad del Estado y las empresas privadas identificar y decidir las áreas o predios que necesitan para ejecutar sus proyectos y que, por lo tanto, requieren ser “saneados”.

El Pacto de Unidad advirtió que cualquier proceso de “saneamiento” sobre territorios que corresponden a las comunidades campesinas y nativas “podrá ser cuestionada y anulada en la vía judicial nacional o internacional”.

Encuentro-rondas-campesinas-617x351  asdadsa

El Título 3 de la Ley 30230 crea “procedimientos especiales” para el saneamiento físico-legal de los predios rurales o urbanos donde se prevea ejecutar grandes proyectos de inversión pública o privada.

Además de violar garantías constitucionales a la propiedad restituye al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) a pesar de su “poca confiable reputación” debido a su intervención desastrosa en la parcelación de tierras comunales.

No solo agrava la incertidumbre e inestabilidad en las competencias que ya tienen los gobiernos regionales y el ministerio de Agricultura en torno a la titulación de los predios rurales sino que además ignora los derechos de las comunidades y pueblos indígenas:

Las organizaciones indígenas, agrarias y campesinas articuladas en el Pacto de Unidad afirman que lejos de brindar garantías jurídicas, la Ley 30230 “abriría una etapa de inseguridad y mayor caos sobre las propiedades rurales en el país”.

El Pacto de Unidad llamó al Ministerio de Cultura, de Agricultura y Riego, de Ambiente y al Congreso de la República a “deslindar con ésta norma irregular y dejar de actuar de manera cómplice con la vulneración de derechos fundamentales”.

Finalmente, el Pacto de Unidad renovó su compromiso con el respeto a la legalidad y el estado democrático de derecho y advirtió que la aplicación de la cuestionada norma será “una nueva incubadora de conflictos sociales” que debemos evitar.