Los indígenas llaman a un ‘frente’ por la paz

En un inusual pronunciamiento conjunto, las cinco grandes organizaciones indígenas colombianas declararon que se la juegan por un “frente amplio, social y político por la paz”, y afirmaron que es “necesario, conveniente y obligatorio” que llegue a buen puerto la negociación con las FARC y que los acuerdos sean refrendados por los colombianos. 

Indígenas son los únicos procesados por las muertes del “Baguazo”

La mañana del 5 de junio del 2009, el país despertó con una escena de terror. La protesta de los pueblos de la Amazonía, contra diez decretos legislativos que consideraban atentatorios a sus derechos, había terminado en tragedia: 33 muertos (23 policías y 10 civiles), un desaparecido y cientos de heridos en las provincias de Bagua y Utcubamba, en Amazonas.

Hoy, a casi cinco años de esos sucesos bautizados como “El Baguazo”, se dará inicio al juicio oral por los hechos ocurridos en La Curva de Diablo, como se conoce a un tramo de la carretera Fernando Belaunde. Son procesados 52 personas: 29 mestizos y 23 indígenas awajun y wampis. Ninguna autoridad o representante del régimen aprista se sentará en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, cuando se inicie la audiencia, Carlos Rivera y Juan José Quispe, abogados de los procesados, solicitarán se cite como testigos al ex presidente Alan García, así como a las ministras Mercedes Araoz y Mercedes Cabanillas, al ex premier Yehude Simon y a los generales de la Policía que cumplieron con las órdenes de desalojo en la carretera.

Antecedentes

Quispe consideró importante citar al ex jefe de Estado y a los ex ministros para mostrar el contexto de la protesta y lo que desencadenó la tragedia.

Por su parte, Rivera advirtió que para la Fiscalía "el mundo simplemente desaparece y el 5 de junio un grupo de locos decide, sin causa ni razón, enfrentarse a los policías". 

Ambos recordaron que nativos y mestizos mantuvieron bloqueada la carretera por 15 días, que el paro amazónico contra los decretos legislativos llevaba más de dos meses y que un día antes del "Baguazo", congresistas apristas evitaron que se debata en el Pleno la derogatoria del DL 1090 y delegaron la responsabilidad al  Ejecutivo.

Quispe señaló que existe un acta que ponía en conocimiento de las autoridades la voluntad y compromiso de los indígenas para desalojar pacíficamente la Curva del Diablo. 

"Pero el gobierno dispuso que se inicie el desalojo sin tomar en cuenta la voluntad de  los indígenas", subrayó. 
cadena perpetua

La Fiscalía Penal de Bagua atribuye a los 52 acusados responsabilidad penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, arrebato de armamento, disturbios, motín y daños a la propiedad privada, cuyas penas van desde seis años de cárcel hasta la cadena perpetua.

La defensa de los acusados destacó que las pruebas de absorción atómica han demostrado que ninguno disparó armas de fuego. Uno de ellos es el líder indígena Santiago Manuin, para quien la Fiscalía ha pedido cadena perpetua.

"No hay pruebas que vinculen a nuestros patrocinados. La Fiscalía determinó que eran autores intelectuales y luego instigadores. La Fiscalía ha tenido una posición bastante contradictoria y ha ido de tumbo en tumbo", alertó Rivera.

Sala exclusiva para el caso

La Defensoría del Pueblo recomendó a la Corte Superior de Amazonas que se vea en una sala judicial de competencia exclusiva y que se cuente con intérpretes para el desarrollo adecuado del juicio oral por la Curva del Diablo.

El abogado Carlos Rivera lamentó que no se haya designado una sala exclusiva e insistió en que programen más audiencias, con una mayor duración para terminar el proceso en un plazo razonable.

Los sucesos del "Baguazo" se han dividido en seis procesos: la Curva del Diablo, la estación 6, la desaparición del mayor Bazán, y otros.

Freno policial a la movilización social

Colombia ha visto en 2013 las mayores movilizaciones sociales de los últimos años. En febrero el primer paro cafetero y cacaotero, siguieron la lucha el campesinado del Catatumbo, los y las estudiantes, el paro minero campesino de agosto, la minga indígena en octubre,… El gobierno de Santos ha respondido a la movilizaciones con una escalada de la represión que ha dejado en lo que va de año un saldo de 15 personas muertas a manos de la policía, de ellas 12 por bala; 800 heridas, 23 por bala sólo el 29 de agosto en Bogotá y más de 3000 personas detenidas, de las que 180 enfrentan procesos judiciales.

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EEUU niega visa a cinco indígenas

Para presentarse a declarar ante la ONU. El gobierno ecuatoriano expresó su desacuerdo con Estados Unidos. Esto, por la negativa del país ante el visado a cinco índigenas que pretendían denunciar, ante la ONU, la contaminación causada por Chevron.

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