Un atolladero llamado CONAMAQ

El domingo 15 de septiembre fue allanada la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu, CONAMAQ, por un grupo disidente encabezado —según denuncia de ese Consejo—por Plácido Suntura, Johnny Huanca, Gregorio Choque y otros indígenas. Según CONAMAQ, esta intervención buscó evitar la reunión nacional —Consejo de Consejos— convocada para esa fecha y para el lunes 16, en el que se debían sacar resoluciones sobre tres temas de actualidad: Los resultados del Censo 2011, la recuperación del 5% del IDH y la Ley de Consulta Previa.

 Los ocupantes justificaron su actitud como medida de presión para adelantar las elecciones en ese Consejo, ante el temor de una perennización de la actual directiva. Los disidentes agredieron a varias autoridades de CONAMAQ, entre ellas a Félix Becerra, máxima autoridad de ese Consejo, a Simón Antonio Cuiza y a varias Mama T’allas (autoridades femeninas). Sin embargo, esa intervención duró poco, pues el lunes siguiente autoridades de CONAMAQ, encabezadas por Félix Becerra, reocuparon las oficinas que les fueron intervenidas.

 

En realidad CONAMAQ está dividida entre un sector dirigido por Plácido Suntura que apoya la gestión del presidente Evo Morales, y otro sector dirigido por Félix Becerra que es crítico al actual gobierno. A pesar de que las declaraciones oficiales de CONAMAQ sindican al gobierno de haber planificado y orquestado esa ocupación, es probable que se trate de un conflicto interno por el poder, en el que uno de los bandos busca preponderancia jugando a ser instrumento de los deseos y voluntades gubernamentales. Es de desear que los mecanismos del Estado y los activistas del MAS no den razón a las aprehensiones de CONAMAQ.

 

Lo sucedido hace poco —la intervención y la fragmentación de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, CIDOB, en Santa Cruz— le ocasionó al gobierno desprestigio a nivel nacional e internacional. Es posible que la estrategia de los disidentes consista en generar violencia que concluya con una intervención policial y con la generación —de facto— de un CONAMAQ paralelo. ¿Le convendría ello al gobierno? Ese escenario traería mayor confusión y complejizaría el atolladero en el cual se encuentra el gobierno respecto al tema indígena. Perjudicaría también el funcionamiento de las organizaciones legítimas. El actual estado de cosas es consecuencia de los lineamientos maestros que tuvo este gobierno en sus inicios. Toda corrección, si no es adecuada y sensata, puede perjudicar más lo que se quiere enmendar, favoreciendo a los indígenas que tienen “usos y costumbres” coloniales, con apetito de poder servil y sin ninguna consideración, así sea primaria, de un «proceso de cambio»