Falso Negativo en Kiwakumbaih: ¿Masacre Mayangna?
By: Wilfredo A. Chau, Esq. – Socio Fundador IRICAS.ORG – Nación Originario Quechua, PE
email: w.chau@iricas.org 

La última semana de abril una noticia llamo la atención a la comunidad internacional de los derechos humanos, a muchos abogados, especialmente a indígenas abogados preocupados por el titular “Defensores indígenas Mayangna condenados a cadena perpetua por defender su territorio” publicada por parte del Comité en Contra de la Tortura de las Naciones Unidas (OMCT). Fuente: https://www.omct.org/es/recursos/blog/mayangna-indigenous-hrds-sentenced-life-for-defending-territory

Transgredir el derecho a vivir en sus territorios ancestrales como pueblos indígenas nicaragüenses es atentar el derecho a la identidad espiritual, identidad étnica y cultural del pueblo Mayangna privándola del derecho de transmitir la herencia cultural material e inmaterial a nuevas generaciones que afrontan perder su hábitat. Las acciones por parte del Estado que se evidencian en los documentos revisados traen a la memoria la política agresiva de tierra arrasada -masacre de Plan de Sánchez- contra los pueblos Mayas Achí de Guatemala en 1982 en plena dictadura de gobierno militar donde más de 200 personas en un solo acto criminal fueron abusadas sexualmente, torturadas y asesinadas por las Fuerzas Armadas, Paramilitares y Patrullas de Autodefensas Civil (PAC).

La violenta invasión de colonos motivada por las políticas de colonización estatal de tierra arrasada indígenas vulnera la comunicación con la naturaleza alterando yamni yalahna/atinan lâni de vivir en equilibrio; afectando barakna lâni dañando el vivir comunitariamente en el ambiente que rodea; dañando el ser Mayangna en su pensar, conocimiento, y curación porque la tierra-territorio provee la energía vital de vivir desde esa cosmovisión ancestral Sumu. Con tierras arrasadas se destruye el mundo terrenal donde habitan los espíritus walasá, nawah, lilkadutni, dimalah, esa naturaleza animista Mayangna donde habita Lîwa ordenadora de alimentos y armonizadora de la naturaleza en el transparente inframundo. El ser indígena desde su nacimiento tiene ese gen y energía de defensores del territorio como es el caso de los indígenas asesinados y condenados por ser diferentes en su naturaleza de ser defensores de su territorio al ver amenazado su mundo y sus mundos.

Desde una política análoga de tierra arrasada en el caso Pueblo Miskitu y Mayangna tanto la masacre como la cadena perpetua implican pérdidas de vidas humanas y pérdida presencial vivencial de indígenas, afectando ambas directamente al “pueblo” amenazando su ancestralidad, su espiritualidad y su interconexión Mayangna-Naturaleza porque el fondo de estos crímenes deja las tierras, los territorios ancestrales sin familias indígenas.

Los cuatro miembros de estas familias desde el primer momento de la actuación policial arbitraria, seguido del ejercicio deficiente de la acción por parte del Ministerio Público y la administración de justicia por parte de los juzgados del Poder Judicial denota que no se ha garantizado el principio de legalidad mucho menos principios de interculturalidad. Pese a todo los testimonios coherentes de sobrevivientes y comuneros  frente a la falta de pruebas contundentes, sin mayor corroboración a la preponderancia relativa para que una hipótesis pueda tenerse por probada, ausencia de intercambio de pruebas, inexistencia de debate, ausencia del principio de imparcialidad y publicidad, y otras irregularidades que deja ver que estamos frente a un falso negativo con autoría de la Policía Nacional, el Ministerio Público o Poder Judicial, o uno de ellos en coautoría del Estado en favor de los victimarios y en contra de los indígenas guardabosques, autoridades y defensores de su territorios.  Del mismo modo en la masacre queda claro que los asesinos son un grupo poco más de treinta colonos-ladinos, uniformados, con equipos de comunicación y armas de guerra. Coincidentemente los únicos que tienen licencia por parte del Estado para uso de armas de guerra en esas zonas son los policías nacionales, miembros del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, Tropas de Tácticas y Armas Policiales e Intervención y Rescate (TAPIR). Mientras que grupos de colonos que no pertenecen al Estado sí cuentan con ese tipo de logística gracias a la corrupción dentro de las instituciones del Estado, siendo algunos de estos la Banda Kukalón, Banda delincuencial de nombre Chavelo Meneses y Rodolfo Aguinaga, grupos paramilitares y grupos de ex-militares movilizados del ejército y de la Resistencia Nicaragüense. En consecuencia, tenemos un  falso negativo debido a que los comuneros indígenas Mayangna no cuentan con indumentaria tipo militar-policial, equipos de comunicación, ni mucho menos armas de guerra, siendo improbable evidenciar este tipo de respaldo logístico militar. Además, se tiene suficientes pruebas y testimonios de sobrevivientes, comuneros indígenas y un periodista ratificando que sí existen criminales no indígenas, pretendiendo las autoridades estatales demostrar que sí existen autores indígenas del grave crimen masacre, cuando en realidad no los hay.

Desde un razonamiento antropológico jurídico podría interpretarse acaso que los técnicos y profesionales servidores públicos -funcionarios públicos- pretenden burlar y aprovechar los procesos policiales, administrativos y judiciales para proteger a los verdaderos asesinos sacando provecho del desconocimiento de los procesos técnicos contra inocentes, más aún aprovechar del desconocimiento -ignorancia- del derecho positivo que juzga a personas -indígenas- por una masacre contra hermanos indígenas del mismo grupo étnico con el único objetivo de ocultar muertes y expropiación de tierras indígenas.

Matar como si fuera tiempos de conquista europea y procesarlos como si estuviéramos en épocas de colonización sin derecho a una debida defensa, garantías y debido proceso ignorando el estado de derecho, masacrando personas indígenas colectivamente para apropiarse y comercializar por pedazos unas tierras como simple mercancía real . Mientras que para los deudos y sentenciados estos son territorios ancestrales que enmarca sus almas, sus corazones y sus vidas porque en ella están sus deidades, protectores, ancestros, animales, vegetaciones, ríos, aire, donde se refleja su propio cosmos Mayangna, ósea, su toda vida colectiva. Para los defensores de los pueblos indígenas existe falso negativo donde el Estado con todo poder pretenderá encubrir actos violentos con consecuencia de muertes o simplemente por no reconocer la incapacidad de brindar protección a sus ciudadanos como manda la constitución nicaragüenses donde la peor parte la tienen los pueblos indígenas.

Actos criminales y conductas delictivas son algunos elementos presentes para violar los derechos humanos que sin lugar a duda son tipificables en la normativa internacional, sin embargo, cómo abordar el asesinato denominado masacre de esta noticia y en este análisis de caso Kiwakumbaih: Mayangna. Qué razonamiento jurídico desarrollar frente a la sumatoria de elementos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario o el  derechos internacional penal; esto inspira a abordar cortos conceptos y breve análisis de elementos adicionales como: pueblos indígenas, desaparición, y la política en contexto de masacre.

Entiéndase que “el asesinato de un grupo de personas indefensas sin mostrar conducta de resistencia en clara situación de desventaja psicológica emocional asesinados con algún tipo de armas colectivas mostrando al momento de la ejecución odio, rabia, ira motivado por alguna ideología con planificación, premeditación y ventaja en un mismo lugar y tiempo al momento de matar es considerado masacre[1]”, siendo este crimen  y acciones competencia de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado nicaragüense para este caso. Por su parte “el genocidio entendido por destruir total o parcial, extinguir a un grupo específico de personas con patrones religiosos, raciales, espirituales, culturales, étnicos, nacionales con acciones militares o políticas sistemáticas[2]”, siendo juzgados el/los autores de estos actos criminales en la Corte Penal Internacional.

Luego de esclarecer los conceptos sobre genocidio y masacre como actos de violencia contra un colectivo o grupos de personas en el marco de la normativa internacional sobre los derechos humanos, continuamos ampliando el análisis con otros elementos seleccionados de acuerdo con el caso en análisis. Si los actos violentos en una masacre están dirigidos a asesinar miembros de pueblos indígenas como:  guardabosques, patrullas comunales, autodefensa comunitaria, autoridades estatales -síndicos comunal o síndico municipal-; autoridades ancestrales “caciques” o como se les identifique en sus idiomas originarios sukia, suida, ditalyang; guardias indígenas, líderes y representantes indígenas y defensores de los territorios indígenas  como es en este caso estamos frente a un etnocidio porque se quita el derecho a la vida como es el caso de los más de diez muertos en masacre, mientras que en el caso de los cuatro sentenciados a cadena perpetua se configura etnocidio intangible igualmente como parte de un proceso político y militar a manos de un grupo étnico dominante o hegemónico que busca  desaparece radical o sistemáticamente la cultura de una etnia subordinada contra de su voluntad. Si sumamos a esta realidad de etnocidio un elemento más como agravante con desaparición forzada o involuntaria o desaparición de corta duración estamos frente al crimen o crímenes de lesa humanidad cual es jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Por último, si a todos los actos violentos y criminales expuestos se le adiciona el elemento político estaríamos adentrando al debate político de la negación versus la existencia de una violación de derechos humanos y en especial la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas; además de la vulneración de los derechos humanitarios de los pueblos indígenas y tribales, debido a que si se contextualiza una masacre contra indígenas, este al tener una carga política internacional relevante va generar un discurso de la clase política pretendiendo disminuir esa carga política con argumentos evasivos  de responsabilidad como: homicidios colectivos, ejecución civil extrajudicial, ajuste de bandas delictivas,  justicia popular entre otras con el objetivo de negar la responsabilidad penal desde el ente político -Estado- con el fin de presentar una imagen internacional impecable y evitar un daño internacional de carácter diplomático.

No cabe duda que un Estado respaldado por un grupo de poder económico y de poder político, sin importar filosofías políticas o modelos de gobierno como derecha, centro, izquierda, liberalismo, conservadurismo, neoliberalista, progresista, socialista, comunista, demócrata e inclusive medioambientalista tenga intención de cautelar los derechos a la vida de los pueblos indígenas; y que un modelo de constitución política rígidas o flexibles e inclusive vanguardistas no pretenda garantizar la paz de pueblos originarios. Sin embargo, está demostrándose en el tiempo que es difícil para ellos; el no indígena nativo originario; entender el mundo ancestral espiritual, y no será lo contrario hasta que decida acercarse de buena fe al mundo indígena y conciba bideconstruir un modo nuevo de compartir y vivir la vida.

Sirva este artículo análisis para hacer un llamado al gobierno para que motive el esclarecimiento profundo del caso de los cuatro indígenas Mayangna que desde la noticia del OMCT se evidenciaría indebido actuar parte de la Policía Nacional; además se invoca profundizar las investigaciones sobre la masacre de más de diez Mayangnas con el finalidad de encontrar a los verdaderos asesinos, sean judicializados, y sentenciados con todo el peso de la ley, porque el falso positivo puede ser originado por las mismas fuerzas policiales o militares en agravio del mismo Estado, cual tiene la obligación de cautelar la vida de sus ciudadanos persiguiendo a  cualquier autor sin importar el cargo político o militar para sancionarlos por la vulneración de los derechos humanos. Sirva esta publicación para que el gobierno promueva el estado de derecho tomando como inspiración el preámbulo constitucional nicaragüense que versa “Evocando la lucha de nuestros antepasados indígenas”.

Culmino este artículo resaltando que forma parte de un estudio de caso y fragmento de mi informe sombra (gris) institucional sobre el derecho internacional de los derechos humanos de pueblos indígenas inspirado en la sincera libertad de nuestros pueblos indígenas en Abya Yala y demás continentes que aún para muchos es esquiva la realización de esa libertad como derecho fundamental, tan solo por la incomprensión del otro que es más fuerte por tener poder económico y poder político, que con ese gran conocimiento académico adquirido entiendan que si para muchos de ellos desarrollados económicamente rodeados de progreso tecnológico dinerario encuentran felicidad, no sea tarde de entender que para nosotros pueblos indígenas originarios nuestra más grande felicidad son nuestros territorios y la paz comunitaria.

[1] Chau L., Wilfredo Antonio. Bachiller en Derecho (UNFV), abogado (UNFV) y antropólogo jurídico (UNCP). Con posgrado en derechos de pueblos indígenas (UFRO) y formación en derecho internacional (OEA). Abogado principal de la Organización Internacional de Derechos Indígenas (IRICAS.ORG), abogado de la Dirección de Jurídica y Derecho de la Organización Internacional de Derechos Indígenas Perú (OIDI PERU). Ex Defensor Social de la niñez, adolescentes y mujer contra violencia familiar por el Colegio de Abogados de Lima-PERU (CAL).
[2] (bis. 28)

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Defensores indígenas Mayangna condenados a cadena perpetua por defender su territorio